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Organizaciones ambientalista denunciaron la latente bomba de tiempo que representa la minera canadiense “Goldgroup”, en el estado de Veracruz,  que inició trabajos de exploración en la zona desde 1995 y empezó a perforar en 1998. Por lo que hacen un llamado enérgico al gobierno federal para que cancele los trabajos de la minera que causará daños irreversibles a la ecología del lugar y es altamente peligrosa por la cercanía a la planta nuclear Laguna Verde. Organizaciones y ciudadanos participantes en la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) e integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) declararon que el proyecto de minería a cielo abierto denominado “Caballo Blanco”, auspiciado por una empresa canadiense, a través de Minera Cardel, abarca un área de 19 mil 650 hectáreas ubicadas entre los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, afectará  zonas de manglares, vegetación de duna costera, bosque de encino tropical y selva baja caducifolia, verdaderas islas en extinción, ya que cada uno de estos tipos de vegetación representan ensambles ecosistémicos particulares.
 
El centro de Veracruz es una región crítica (un embudo), para aproximadamente 236 especies migratorias neotropicales de relevancia mundial, además de contar con 12 especies de aves endémicas y 4 de las 19 especies de aves enlistadas para México en el libro rojo de la IUCN. Asimismo, esta situación es una amenaza, pues la concesión minera de este proyecto canadiense incluye el polígono XI de la planta nuclear Laguna Verde. Para sus movimientos de tierra este tipo de minería a cielo abierto requiere grandes cantidades de explosivos, en promedio, 5 toneladas diarias, por tanto, las múltiples detonaciones causarán microsismos que podrían modificar considerablemente los mantos acuíferos y afectar la propia seguridad de la nucleoeléctrica.
 
Parte de la mina se encuentra localizada enfrente de dicha planta, por lo tanto, las consecuencias serían mortales para la vida de todos los mexicanos. Indicaron que Goldgroup solicitó apenas el año pasado ante la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) avaló en una inspección las actividades de exploración exentándola del cumplimiento de una serie de normas pese al valor ecológico de la zona, además de que la Secretaría de Economía otorgó las concesiones mineras al proyecto.